El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento formal con un cuestionario que el ex funcionario de Javier Milei deberá responder en un plazo de 15 días. La medida se basa en un informe técnico de la DAFI que detectó inconsistencias entre los ingresos declarados y la adquisición de bienes.
La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó un paso determinante en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita formalizó una intimación para que el ex funcionario brinde explicaciones detalladas y justificadas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.
La resolución, que ya fue notificada a la defensa del ex integrante del Gabinete nacional, le otorga un plazo improrrogable de 15 días para responder una serie de interrogantes específicos sobre su situación financiera y patrimonial.
Un informe técnico bajo la lupa
El requerimiento dictado por la fiscalía no surge de manera aislada, sino que se fundamenta en un dictamen elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El organismo especializado llevó cabo un exhaustivo análisis contable sobre los ingresos y egresos registrados tanto por Manuel Adorni como por su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, la investigación se centra en la compra de propiedades inmuebles y en la realización de erogaciones que resultarían desproporcionadas respecto a los salarios e ingresos declarados formalmente por el ex funcionario durante su paso por la administración pública.
Incluso la declaración jurada sintética que Adorni presentó de manera anticipada ante la Oficina Anticorrupción (OA) terminó por profundizar las dudas de los investigadores, al no lograr fundamentar el saldo patrimonial bajo escrutinio.
Pasos hacia una eventual indagatoria
El expediente tramita en el juzgado a cargo del juez federal Ariel Lijo. En los estrados de Comodoro Py, esta intimación de justificación patrimonial es leída como la instancia previa y decisiva antes de determinar un eventual llamado a declaración indagatoria.
Cabe recordar que Adorni dejó su cargo en el Poder Ejecutivo nacional hace poco más de un mes en medio del avance de este proceso judicial. Sin embargo, su dimisión no detuvo la acción penal ni suspende la obligación de rendir cuentas ante la Justicia federal.
Con el reloj corriendo para la entrega del escrito explicativo, la causa ingresa en una etapa de definiciones contables y judiciales de alto impacto político.
