El oficialismo logró destrabar el proyecto para atraer inversiones tecnológicas superiores a los 1.000 millones de dólares. Tras un debate marcado por fuertes cruces ideológicos y advertencias fiscales, la iniciativa cosechó 130 votos a favor y pasa al Senado.
En una sesión que volvió a exponer la paridad de fuerzas y la intensa negociación parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles por la noche y otorgó media sanción al proyecto del «Súper RIGI», el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
La iniciativa, considerada estratégica por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones de frontera tecnológica, obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Con este resultado, el oficialismo logra un paso clave en su agenda de reformas económicas y traslada ahora la discusión al Senado.
Tres posturas y un debate polarizado
El tratamiento del proyecto dividió claramente al recinto en tres posiciones diferenciadas, cruzando fuertes chicanas sobre el desarrollo y el rol del Estado:
- El oficialismo y la urgencia global: Los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y sectores aliados defendieron la necesidad de otorgar «seguridad jurídica extrema» para competir por capitales internacionales. El diputado Bertie Benegas Lynch justificó los fuertes incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios señalando que buscan «proteger el derecho de propiedad» y dejar atrás políticas del pasado a las que calificó de «cavernícolas». Por su parte, Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni destacaron que el régimen abrirá las puertas a sectores como la biotecnología y la inteligencia artificial, minimizando el impacto fiscal al tratarse de «actividades que hoy no existen en el país».
- El rechazo unánime del kirchnerismo: Desde Unión por la Patria (UP) bloquearon la iniciativa de manera compacta, denunciando una «cesión de soberanía». Legisladores como Mario Manrique y Jorge Taiana tildaron la ley de «negociado entre particulares» y alertaron sobre un modelo extractivista que desprotege a la industria nacional. En sintonía, Victoria Tolosa Paz cruzó los argumentos libertarios al afirmar que «no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo», argumentando que las corporaciones llegarían aun sin estas concesiones.
- Los aliados del centro y sus condiciones: El bloque de la UCR y Provincias Unidas terminaron inclinando la balanza a favor del Gobierno, aunque expusieron marcadas diferencias técnicas. Si bien Lisandro Nieri (UCR) ponderó positivamente los resultados del RIGI original (con USD 30.000 millones ya tramitados) y rescató la inclusión de un 20% de «Compre Nacional» para proveedores locales —una modificación propuesta por el MID—, otros sectores del espacio sembraron dudas. Voces como las de Martín Lousteau y Pablo Juliano advirtieron sobre la «falta de límites claros» del proyecto, el riesgo de que las empresas «se autoperciban» novedosas y las asimetrías fiscales que este esquema podría trasladar a las provincias y al sector pyme (RIMI).
Con la media sanción asegurada, el Poder Ejecutivo nacional concentra ahora sus esfuerzos en la Cámara Alta, donde deberá enfrentar un escenario de paridad aún más complejo para convertir en ley este nuevo marco de incentivos corporativos.
