La gestión de infraestructura en la capital provincial sumó un nuevo frente de obra con la pavimentación de 30 cuadras en el barrio Nueva Resistencia, en un proyecto integral que busca solucionar problemas estructurales de transitabilidad y escurrimiento del agua. El gobernador Leandro Zdero junto a funcionarios provinciales supervisó los trabajos en el sector, tras haber recorrido previamente obras en Villa Elisa.
La intervención urbana no se limita únicamente al volcado de hormigón: el proyecto contempla un esquema integral con la instalación de un sistema de desagües pluviales, colocación de luminarias y señalización vial.
El desagüe de la calle Bariloche, eje central del saneamiento
Uno de los puntos clave de la obra técnica se ejecuta sobre la calle Bariloche, donde las cuadrillas avanzan en la construcción de un conducto diseñado para colectar los excedentes hídricos del barrio y canalizarlos de manera más eficiente hacia el canal receptor de la zona.
Al respecto, el subsecretario de Infraestructura de la Provincia, Jorge Nocenti, detalló la metodología y el ritmo de las tareas. Explicó que los plazos de ejecución se encuentran condicionados por la disponibilidad presupuestaria y que las obras se priorizan en función de los recursos de la provincia. «Estamos avanzando a medida que el presupuesto lo permite. La idea es que durante esta gestión se pueda culminar toda la obra», precisó el funcionario técnico.
Articulación institucional y regularización dominial
Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, valoró la coordinación entre el Gobierno provincial y el Ejecutivo municipal para destrabar reclamos históricos en las barriadas de Resistencia. El funcionario subrayó que las obras de pavimentación se articulan con otras tareas en desarrollo, como el mantenimiento de calles de ripio, la intervención en avenidas estratégicas y los trabajos de repavimentación en distintos puntos de la ciudad.
Asimismo, la agenda de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio abarca el avance de mensuras mediante convenios específicos, una medida tendiente a regularizar la situación dominial de unas 3.000 familias para que puedan acceder a sus títulos de propiedad.
