Se acordó un ajuste salarial del 24,33%, fondos millonarios para hospitales universitarios y subas en gastos de funcionamiento y becas. La paritaria pasa a un cuarto intermedio por tres meses. El conflicto judicial sigue abierto.
Tras más de dos años de una profunda puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades nacionales lograron finalmente sellar un acuerdo económico estratégico para destrabar el conflicto presupuestario que mantenía en vilo a la educación pública superior.
El histórico encuentro tuvo lugar este mediodía en el Palacio Sarmiento, donde el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezó la mesa junto a rectores y representantes gremiales para la firma del acta oficial.
La propuesta convalidada establece un incremento salarial del 24,33% total (distribuido en un 21,33% para el mes de junio y un 3% adicional para octubre). Según detalla el documento formal, esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, el impacto inflacionario hasta mayo de 2026 y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante el 2024. Asimismo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar el monitoreo salarial en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Fondos para hospitales, becas y funcionamiento El entendimiento va más allá de la pauta salarial de los trabajadores docentes y no docentes. El Ministerio de Economía autorizó una partida excepcional de $800.000 millones de pesos. Dentro de ese esquema, se inyectarán $50.000 millones de manera directa para los hospitales universitarios —que no estaban contemplados en el presupuesto 2026 y se sumarán a los $80.000 millones ya previstos—.
Además, el acuerdo fija un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios y un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a carreras estratégicas, las cuales se encontraban congeladas en $81.685 desde 2024. Por el contrario, las becas Progresar quedaron fuera de este esquema de actualización, marcando uno de los puntos pendientes del reclamo estudiantil. Como contrapartida, las universidades deberán rendir los fondos asignados bajo la legislación vigente.
El fin de una larga batalla Este desenlace llega tras un extenso derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales multitudinarias —la primera de ellas movilizó a más de 400.000 personas en abril de 2024—, clases públicas, tomas de colegios, reiterados paros docentes, seis votaciones en el Congreso y vetos presidenciales. La disputa escaló al plano legal y actualmente se encuentra en la órbita de la Corte Suprema de Justicia, proceso que de igual manera continuará abierto.
«La idea nuestra, como la de las autoridades universitarias y de la dirigencia sindical, es dejar atrás el conflicto y pasar a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos todos nosotros, que es dar clase y que se recuperen los días perdidos», manifestó el subsecretario Álvarez al finalizar el cónclave.
Por su parte, desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) destacaron el logro tras «18 meses consecutivos de pérdida salarial», aunque advirtieron que la firma no implica resignar la lucha por el cumplimiento pleno de la ley de financiamiento universitario.
